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Además de las inversiones que hagan las empresas privadas, las autoridades públicas tienen también muchas formas de impulsar la accesibilidad en multitud de ámbitos, incluidos los servicios que prestan los propios organismos públicos y los que se realizan a través de sus proveedores.
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Una prueba es la Directiva Europea de Compras Públicas Tecnológicas que, según destaca el vicepresidente de Tecnología de Capgemini, Juan Cogolludo, en una entrevista con Centac, obligará a que todos los organismos públicos sean más accesibles.
En su opinión, esta nueva directiva obligará a los organismos públicos a adaptarse para que sus servicios sean “mucho más accesibles”, incluyendo la revisión de muchas de las plataformas actualmente en vigor.
Para llevar a cabo esta modernización de las plataformas que las haga más accesibles, es clave la utilización de la tecnología que permita lograr ese objetivo de que las entidades públicas estén abiertas para todas las personas.
Estos cambios llegarán al ámbito privado, según Cogolludo, ya que la interacción con los clientes, los ciudadanos y los usuarios “se verá adaptada”, dando lugar a “nuevos nichos de mercado”.
En una línea similar, el director general de Centac, Juan Carlos Ramiro, subrayó que esta directiva europea implicará que los organismos públicos “introduzcan en los pliegos técnicos criterios y condiciones de accesibilidad y usabilidad”.
La universalización de productos y servicios es un deber de toda la sociedad, eso incluye a las entidades privadas y a las públicas, cuya colaboración es clave para lograr extender la accesibilidad para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad y mayores.
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