Han pasado diez años desde que el 23 de octubre de 2007 se aprobase la ley 27/2007 que reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, incluidos las prótesis auditivas.
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A pesar de que ha transcurrido ya una década, la Federación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) sigue reclamando que culmine el desarrollo de esta norma que reconocía la diversidad comunicativa de las personas con sordera y rubricó el derecho de libre elección sobre la lengua vehicular de comunicación y enseñanza.
Pero esta ley también garantizaba a las personas con sordera que se comunican en lengua oral que dispongan de los recursos de apoyo que precisen, como el uso de prótesis auditivas como audífonos e implantes.
También pide Fiapas que se planifique la dotación presupuestaria del desarrollo de la ley para que se cumplan los mandatos sobre financiación y acceso a apoyos técnicos.