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Desde este lunes la normativa obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a tener al menos un 5% de su flota de taxis adaptada para personas con discapacidad, un porcentaje que sólo cumplen uno de cada tres municipios de este tamaño.
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Así lo recoge un informe realizado por Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) que apunta que, entre las localidades con más de 50.000 habitantes, las dos más grandes, Madrid y Barcelona, son de las que están más lejos de cumplir con la ley.
Según datos recogidos durante el pasado mes de octubre, casi un tercio de los municipios con más de 50.000 habitantes, el 31,1% tiene menos de un 2% de su flota de taxis adaptados, mientras que el 16,3% tiene entre un 2% y un 3,5%, y un 15,6% entre un 3,5% y un 5%. El resto, el 37%, cumple con la normativa al superar el 5%.
Las localidades con un mayor porcentaje de taxis adaptados son las gaditanas de Chiclana de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda, con un 18,9% y un 14,8%, respectivamente. Por el contrario, Torrelavega en Cantabria, Alcoy y Elda en Alicante, y Paterna y Torrente en Valencia, no tienen ni un solo taxi adaptado.
En el caso de Madrid y Barcelona, los porcentajes se sitúan en el 1,9% y el 0,8%, respectivamente.
El informe de Fundación ONCE y el Cermi subraya que para que un taxi se considere adaptado debo estar acondicionado para que un viajero en silla de ruedas pueda entrar y salir y viajar en su propia silla de ruedas, que no debe ir transversalmente, sino a favor o en contra de la marcha.
Además, debe tener un respaldo con reposacabezas fijo y unido a la estructura del vehículo; tener anclaje para la silla de ruedas y un cinturón de seguridad con tres puntos anclaje para el usuario.
Asimismo, para el resto de usuarios el taxi debe tener un escalón si la altura entre la calzada y la puerta supera los 25 centímetros y las tarifas deben de estar escritas en braille.
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